A ocho días del sangriento episodio ocurrido en el centro penitenciario Yare III, en el estado Miranda, el hermetismo oficial y la incertidumbre mantienen en vilo a decenas de hogares venezolanos.
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Los familiares de los internos exigen respuestas inmediatas sobre el paradero y la integridad física de sus seres queridos. Tras el motín del pasado 20 de abril, el rastro de muchos reclusos se perdió en una cadena de traslados sin registro.
Este escenario de opacidad ha sido denunciado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Su director, el abogado Humberto Prado, alertó que no se han publicado listas oficiales de traslados ni informes médicos que esclarezcan el estado real de la población penal tras el conflicto.
Hasta el momento, la única cifra reconocida extraoficialmente es de cinco fallecidos, mientras que ingresos de heridos de bala en el hospital de Ocumare confirman la violencia del operativo, a pesar del silencio del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Vivir de milagro: Desnutrición y abandono
La supervivencia dentro de los muros de Yare III depende casi exclusivamente de los paquetes de comida que logran enviar las familias. La dieta interna es, según las denuncias, «de hambre»: arepa con mortadela para iniciar y terminar el día, y almuerzos que apenas consisten en granos o arroz con raciones mínimas de proteína.
«El Tigrito» y el bate de los «Derechos Humanos»
El horror en este recinto va más allá de la carencia alimentaria. El OVP ha documentado un patrón sistemático de torturas físicas. Internos colgados por los brazos a la intemperie y el uso de celdas de castigo denominadas «el tigrito» —espacios confinados, oscuros y sin ventilación— forman parte del castigo cotidiano.
Uno de los hallazgos más crudos es el cinismo de los custodios, quienes presuntamente utilizan un bate de béisbol para golpear a los reclusos, llamándolo irónicamente el instrumento de los «derechos humanos».
Un estallido contra la crueldad
El motín del 20 de abril no fue un evento aislado, sino la explosión de dos módulos que protestaban por los tratos inhumanos, la falta de atención médica y la exigencia de traslados a sus estados de origen. La respuesta de los funcionarios, según la ONG, fue el uso de armas de fuego contra la población desarmada.
Ante esta crisis, el OVP insta a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público a romper el silencio, investigar las torturas y dar la cara a las familias que solo esperan saber si sus parientes siguen con vida.
Con información de: El Pitazo.
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