Los familiares de 36 militares recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, Los Teques, estado Miranda, exigieron atención médica y servicios básicos al cumplirse 150 horas de huelga de hambre.
La protesta inició el 9 de noviembre por parte de efectivos de la Guardia Nacional vinculados al caso Cotiza (2019) que exigen la revisión de sus expedientes y su inclusión en la Ley de Amnistía, sumando posteriormente a otros internos, entre ellos dos mujeres procesadas por el caso de la Gobernación de Monagas.
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El desgaste físico se ha agudizado debido a que la dirección del penal, a cargo del general Luis Marcelo Ojeda, ordenó cerrar el paso al patio restringiendo así agua y baños, y suspendió las visitas para los 235 reclusos del recinto.
Ante la crisis, el 13 de noviembre ocho efectivos recibieron hidratación por descompensación, y el sargento Luis Alfredo Lobo Medina fue trasladado de emergencia al Hospital Militar de Caracas por hipertensión y problemas respiratorios.
Paralelamente, 177 militares del penal emitieron un comunicado de respaldo solicitando veeduría internacional.
Suilymar Díaz, familiar de uno de los detenidos, instó a las autoridades a velar por la integridad de los huelguistas y restituir las visitas, un llamado al que se sumaron organizaciones civiles para exigir una evaluación médica integral.
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