La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, salió a defender la medida asegurando que «en modo alguno es una privatización», sino una «ampliación de la prestación del servicio» que permitirá la entrada de inversionistas privados para atender la crisis del sector.
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Según Rodríguez, el Estado venezolano mantendrá la rectoría y la responsabilidad del suministro, pero los privados podrán instalar plantas de generación, estructurar proyectos de autogeneración e incluso importar energía desde países vecinos.
El parlamentario justificó la medida recordando que la empresa privada operó el sector durante más de un siglo (como La Electricidad de Caracas hasta 2007), aunque admitió que las empresas se focalizaban en zonas rentables mientras el Estado cubría las menos favorecidas.
Lo que no se dijo (La letra pequeña): A pesar de que Rodríguez insiste en que no hay privatización, el asunto está en los detalles económicos:
Tarifas en divisas: El nuevo esquema fijará tarifas indexadas a la divisa de mayor valor. Es decir, el precio de la electricidad estará atado al dólar (o al euro), lo que significa que los recibos de luz sufrirán el impacto directo de la devaluación del bolívar.
El fin del «regalo»: Aunque se mantiene una «tarifa subsidiada» para proteger a los más pobres, el hecho de indexar el costo real a la moneda extranjera es una bomba de tiempo para el bolsillo del venezolano, que gana en bolívares.
La contradicción: Si el Estado mantiene la «rectoría», pero las tarifas se pagan en dólares y los privados pueden importar y vender energía, ¿quién controla realmente el sistema? La respuesta es el capital privado, mientras el Estado asume el costo político de los subsidios.
La reforma busca canalizar inversiones para atender las fallas recurrentes y los apagones que han azotado al país. Sin embargo, la promesa de «no privatizar» choca con la realidad de un sistema quebrado y unas tarifas que, al estar indexadas a la divisa más fuerte, terminarán de golpear el poder adquisitivo de los venezolanos. La pelota queda en el tejado del reglamento que desarrollará la superintendencia.
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