Con la llegada de noviembre, los trabajadores venezolanos comienzan a calcular sus gastos de fin de año, y el pago de utilidades se convierte en el centro de la conversación. Sin embargo, la realidad muestra una brecha abismal entre lo que gana un empleado del sector público y lo que puede llegar a cobrar un trabajador de la empresa privada. Mientras el Estado mantiene salarios base congelados y pagos devaluados, el sector privado busca fórmulas para compensar a su personal sin descapitalizar el negocio.
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La Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT) establece que las utilidades deben pagarse entre uno y cuatro meses de sueldo, y cancelarse en los primeros quince días de diciembre. Pero en la práctica, la aplicación de la ley varía radicalmente según el sector y la región del país.
El caso del colegio en Barquisimeto: Una coordinadora de un colegio privado recibirá 1.480 dólares por sus utilidades. Aunque su sueldo real es de 600 dólares, en el papel gana 370, y la institución completa la diferencia con un pago único por fuera para alcanzar la cifra, siguiendo la línea del Ministerio de Educación en días de aguinaldo, pero con montos reales mucho más altos.
La panadería en Miranda: El sueldo base es de 180 dólares. El patrono decretó 60 días de utilidades, lo que se traduce en 360 dólares por trabajador, más una compensación extra de 30 días dependiendo de las ventas.La fábrica de calzados en Catia: Las utilidades serán de un mes de ingreso mínimo integral de 240 dólares, pagados en cuatro partes (tres en diciembre y una en enero).Lo
Otro punto de vista (Las empresas expropiadas)
En el estado Aragua, la empresa Papeles Lucianos (que opera en las instalaciones de la estadounidense Kimberly Clark) aplica un esquema similar al de la Administración Pública. Una de sus empleadas explicó que su salario base oscila entre 5 y 10 dólares, y el resto lo percibe en bonificaciones no salariales. El año pasado, su pago de utilidades fue de apenas 28 dólares.
La brecha entre los 1.480 dólares de una coordinadora en Barquisimeto y los 28 dólares de una empleada de una expropiada en Aragua es el reflejo de un país donde el sector privado intenta sobrevivir a la crisis, mientras el Estado mantiene un salario mínimo congelado desde 2022.
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