Dos días después de la presunta revuelta entre internos en Yare que dejó cinco fallecidos, las familias de los privados de libertad continúan sin obtener respuestas claras. Denuncian maltratos físicos y exigen que se investigue el armamento utilizado durante los episodios violentos.
El ambiente en las adyacencias del centro penitenciario de Yare, en Miranda, se sentía pesado. No era únicamente el clima; era la tensión acumulada. Tras 48 horas del supuesto motín del pasado lunes, el hermetismo informativo dominaba el lugar.La única cifra oficial se conoció a través de un breve reporte del Ministerio de Asuntos Penitenciarios: cinco privados de libertad muertos.
De acuerdo con la versión de las autoridades, el suceso se produjo por un choque entre reclusos que terminó en una reyerta. En el comunicado, describieron al penal como un «recinto de máxima seguridad, destinado al resguardo de cabecillas y miembros de organizaciones criminales».
Sin embargo, frente al portón del centro, ese relato perdió fuerza ante las declaraciones de las madres y esposas. Para ellas, la versión oficial no tiene sentido. «Aquí lo que hubo fue una masacre», exclamaban con insistencia.
Desesperación en el portón: «No nos dan fe de vida»
Desde las primeras horas de este miércoles, los parientes se concentraron ante el acceso de Yare II y Yare III. Mujeres con suministros de comida, ropa y carpetas en mano.
Algunas se marchaban cuando un custodio les informaba que su familiar había sido movilizado a otro centro. A otras les aceptaban los paquetes normalmente: si recibían el alimento, asumían que el preso seguía ahí. Ese era su razonamiento ante la falta de datos.
La escena era un cúmulo de llanto, sospechas y un temor evidente. Entre las madres estaba Yusmary Montes, quien llevaba horas esperando información. «Estamos exigiendo la lista real de nuestros familiares. La que publicaron es errónea. No nos dicen nada y no tengo fe de vida», comentaba con angustia.
Para ella, la tesis oficial del motín es ilógica. «Aquí no permiten pasar ni un objeto mínimo de aseo. ¿Cómo va a ingresar un arma? ¿Cómo van a decir que atacaron a un efectivo si los internos viven bajo amenaza?».
Las familias recalcaron que en Yare no existen «pranes». «Nadie manda aquí adentro. Todos están bajo el mismo nivel», señalaban al recordar que el penal se rige por el nuevo sistema penitenciario que, según el Ejecutivo, busca la humanización.
En medio de la incertidumbre, repetían a coro que lo ocurrido no fue una pelea entre internos. «Aquí nos revisan todo, nos desnudan… que expliquen con qué les dispararon para confirmar si fue un arma ingresada por una madre», añadió Yusmary.Con esto buscaban descartar que los reclusos se hubieran alzado contra un grupo de recién llegados. Para ellas, la agresión vino de afuera hacia adentro.
«Los efectivos abrieron fuego. Que se determine qué tipo de munición usaron para desfigurar a los muchachos. Al revisar los cuerpos se sabrá quién disparó. También hubo golpizas mortales», aseguraron. Las mujeres señalaron a un encargado identificado como Fausto, cuya gestión —afirman— dio inicio a los castigos físicos.
«Desde que ese hombre llegó empezó el calvario. Queremos justicia y que destituyan al ministro Julio García Zerpa. Esto es inaceptable», gritaba una de las presentes.
Traslados de emergencia y el rastro de la violencia
Según los familiares, al menos siete autobuses partieron este miércoles con internos trasladados hacia El Rodeo (Miranda) y Hombre Nuevo en Tocuyito (Carabobo). Muchos de ellos fueron llevados directo a enfermería por presentar heridas. Otros terminaron en el hospital de Ocumare.
Cada traslado representaba un alivio y un terror: alivio por saber que estaban vivos, pero terror por desconocer su estado físico. «Es una agonía. Solo una madre sabe lo que se sufre al no saber nada», confesó una mujer a un costado de la entrada.
Esa preocupación la compartía Yusmary. Su hijo, contador público y ex trabajador público, lleva tres años tras las rejas sin recibir juicio. «Cada vez que lo veo tiene hematomas por los golpes. ¿Por qué tanta crueldad? No es un delincuente.Hay gente inocente pagando como si fueran culpables». Según su relato, el problema inició por un altercado con un funcionario en el Metro de Caracas, tras lo cual le habrían «sembrado» sustancias ilícitas.
Un patrón de opacidad que se repite en las cárceles venezolanas
Organizaciones de derechos humanos advierten que el sistema carcelario en Venezuela se maneja bajo las sombras. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)ha denunciado que las visitas y los datos se cortan sin previo aviso, dejando a los parientes en un limbo total.
Para estos grupos, lo de Yare es parte de un esquema donde el uso excesivo de la fuerza y la falta de transparencia son la norma. En los alrededores del penal, la angustia persiste.El silencio de las autoridades es total y las preguntas sobran. El dolor de las madres es, por ahora, el único registro de una tragedia que sigue esperando justicia.