Usuarios denuncian severas irregularidades en la ruta Santa Teresa-Ocumare y exigen intervención de las autoridades

Usuarios del transporte público que cubren la ruta entre Santa Teresa del Tuy y Ocumare del Tuy denunciaron este miércoles la progresiva degradación del servicio prestado por la línea San Diego. Los afectados señalan desde el deterioro extremo de las unidades hasta el incumplimiento arbitrario de los itinerarios, afectando la movilidad de cientos de trabajadores y estudiantes.

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De acuerdo con los testimonios recabados, las unidades de transporte operan en condiciones precarias. Los denunciantes describen los asientos como «inutilizables» y reportan filtraciones en los techos que exponen a los pasajeros a las inclemencias del clima. A esto se suma el hacinamiento crítico, pues las unidades son cargadas por encima de su capacidad técnica, vulnerando las normas básicas de seguridad vial y respeto al pasajero.

«No se trata solo de la incomodidad, es un trato deshumanizado. A los transportistas parece importarles únicamente el beneficio económico, ignorando que transportan a niños, ancianos y personas con discapacidad en condiciones que rozan lo antipedagógico y peligroso», reza parte de la queja colectiva.

Incumplimiento de ruta y abandono nocturno

El punto de mayor fricción ocurre a partir de las 6:00 p.m., momento en el que, según las denuncias, los conductores y colectores deciden de manera unilateral recortar el trayecto. A pesar de tener la concesión para llegar hasta Ocumare del Tuy, las unidades solo prestan servicio hasta la población de San Francisco de Yare, dejando a los habitantes de Ocumare sin opciones de retorno a sus hogares.

Ante los reclamos, los usuarios aseguran recibir respuestas hostiles por parte del personal de la línea, quienes los instan a «pagar servicios privados de taxi» si no aceptan las condiciones impuestas, lo que constituye una violación directa a los términos de la concesión pública otorgada por las autoridades competentes.

Exigencia de contraloría y pluralidad

Frente a este escenario, la comunidad hace un llamado urgente a los alcaldes de los municipios Independencia, Simón Bolívar y Tomás Lander, así como a los representantes del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), para que ejecuten las siguientes acciones:

Fiscalización y monitoreo, además de supervisión estricta en los terminales y paradas después de las 18:00 horas para garantizar el cumplimiento de la ruta completa.

Asimismo, la apertura de concesiones para la incorporación de nuevas líneas de transporte que compitan en igualdad de condiciones, eliminando el monopolio que actualmente ostenta la organización señalada.

Ante esta situación los afectados hicieron un llamado a los Consejos Comunales a activar la contraloría social para reportar las unidades que no cumplan con los estándares mínimos de mantenimiento.

Los usuarios enfatizan que no buscan privar del derecho al trabajo a los transportistas, sino garantizar que el servicio sea cónsono con el pago del pasaje y el respeto a la dignidad humana. «Es hora de que las autoridades se pronuncien y protejan al pueblo de estos abusos recurrentes», concluyeron.

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